La transición energética no es solo una cuestión de tecnología o voluntad ciudadana. Detrás de cada comunidad energética late un entramado jurídico, administrativo y fiscal que, si no se adapta, puede frenar su desarrollo.
Esto quedó claro en la jornada celebrada en Albacete, donde dos voces expertas marcaron el debate: Juan Sacri (AVACE) y Mª Teresa Gadeo (Abogada y Asesora Fiscal en Gadeo Abogados y Asesores).
Juan Sacri recordó que, tras cinco años de andadura, las comunidades energéticas todavía no han alcanzado la implantación masiva que se esperaba. Los motivos son claros: a la ciudadanía le cuesta sumarse, la tramitación administrativa es lenta y la financiación sigue siendo un obstáculo.
“No puede costar nueve meses legalizar un autoconsumo colectivo”, insistió, subrayando la necesidad de agilizar los plazos y habilitar figuras como el gestor de autoconsumo colectivo, que simplifique los trámites.
También advirtió de que los retos no son únicamente técnicos: hacen falta soluciones adaptativas, donde la política y las administraciones públicas acompañen el proceso. Desde el nivel estatal —con una regulación clara y estable— hasta el municipal —con medidas como bonificaciones fiscales, acceso a cubiertas públicas o la co-inversión en proyectos—, el papel de las AAPP es clave para escalar este modelo.
La abogada y asesora fiscal María Teresa Gadeo aportó una visión concreta sobre la fiscalidad de las comunidades energéticas, desgranando las implicaciones de cada forma jurídica (asociaciones, cooperativas o sociedades mercantiles).
Explicó que no todas las actividades tributan de la misma manera:
- Exentas: el autoconsumo propio o determinadas ayudas públicas (NextGenerationEU, PREE, etc.).
- Sujetos a tributación: la venta de excedentes, el suministro de energía, los servicios de eficiencia o el almacenamiento.
Detalló además los distintos niveles impositivos:
- Estatal: Impuesto de Sociedades, IVA, Impuesto Especial sobre la Electricidad e IVPEE.
- Local: bonificaciones en el IBI, ICIO o IAE, que pueden ser decisivas para la viabilidad de un proyecto.
Gadeo puso el acento en un problema recurrente: la doble imposición. “El consumidor es un actor principal de la transición energética, y no puede quedar atrapado en un laberinto fiscal que desincentive la creación de comunidades”, señaló.
La clave está en dotar de seguridad jurídica y simplificación a estos proyectos, alineando la fiscalidad con su finalidad social, ambiental y económica.
Ambas intervenciones coincidieron en que las comunidades energéticas son mucho más que una instalación fotovoltaica compartida: son un instrumento de cohesión territorial y social. Pero para que funcionen, necesitan no solo tecnología y compromiso ciudadano, sino también administraciones ágiles y un marco fiscal justo.
En definitiva, la jornada dejó claro que la transición energética será colectiv o no será.
Adjuntamos las presentaciones utilizadas durante la jornada, disponibles para su consulta.
